Necesito una Póliza de Responsabilidad Civil?

A 5 septiembre 2013, en LOPD, Sin Categoría, por Juan Ignacio Matamoros

El paradigma de la Responsabilidad Civil lo establece el art. 1902 de nuestro Código Civil cuando dice  «El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.» La aplicabilidad de este precepto en el ámbito profesional es tanto una garantía para el cliente o usuario, como un riesgo añadido en la aventura empresarial; esto es, el riesgo inherente a las reclamaciones que pueda presentar un tercero con el argumento de un  error u omisión profesional culposo o negligente: gastos de defensa jurídica, indemnización en su caso, etc …

Desde esa doble perspectiva, el Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales prevé la obligatoriedad de un Seguro de Responsabilidad Civil para un heterogéneo grupo de empresas y profesionales, caso de la ingeniería y edificación expresamente recogidos, y siempre que  «(…) la legislación aplicable así lo prevea y en las condiciones que en ella se especifiquen, el profesional deberá suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra los riesgos de responsabilidad civil en que pudiera incurrir como consecuencia de su ejercicio profesional.» Como se contempla para Sociedades Profesionales, empresas de seguridad, administradores concursales, etc … Por otra parte, en relación al Anteproyecto está por ver su impacto en la tradicional concertación de Pólizas de RC colectivas por parte de los Colegios Profesionales  para sus colegiados.

A las consideraciones sobre la posible obligatoriedad de esta cobertura y la conveniencia de reducir el riesgo de la actividad profesional, debe unirse el valor añadido que aporta tanto al profesional como elemento de diferenciación positiva respecto de su competencia,  como el aportado al cliente o usuario final que verá reforzada su confianza en el servicio recibido.

No obstante, las bondades de la cobertura de la RC Profesional éstas no son en absoluto ilimitadas quedando excluidas de su ámbito por ejemplo la conducta dolosa (art. 19 LCS) así como otras que a la luz de la legislación o según las condiciones particulares queden excluidas. A este respecto en materia de protección de datos debemos diferenciar las cuantías aseguradas para responder a la deuda indemnizatoria que pudiera surgir como consecuencia del «Derecho de indemnización» al perjudicado consagrado en el art. 19 de la LOPD, de las cuantías que pudieran asegurarse, en principio vía seguro de daños, para responder de la Responsabilidad administrativa ante la Administración: multas y sanciones. Responsabilidad ésta última que pese a la opinión en contra de quien considera que «(…) la posibilidad de cobertura de las multas y sanciones a través de un seguro vaciaría de contenido la sanción de algunas conductas y la exigencia de diligencia (…)» (DGSFP) está en la actualidad, ampliamente implantando en el mercado asegurador.

Próximamente unos apuntes sobre responsabilidad de Administradores y Directivos.

 

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